La falta de transparencia en la financiación de numerosos grupos ecologistas arroja sombras sobre su independencia.
El término donación significa, por lo general, transferencia de bienes sin contrapartidas para el receptor. Excepto en el terreno ambiental. Provengan del sector público o del privado, la mayoría de donantes para asuntos de medio ambiente asumen sin ambages que quienes reciben sus favores contraen una deuda moral.
Por ello, aunque un tanto general, no resulta gratuita la crítica lanzada por el Partido Acción Nacional (PAN) durante su campaña electoral de que algunos grupos ecologistas “son financiados por el Gobierno, con intenciones de cooptación y control”.
El recelo se acentúo cuando Ernesto Zedillo, el candidato triunfador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió que, “a través de cuestiones fiscales crediticias se estimulará a las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el medio ambiente para que se fortalezcan, tengan un incentivo y la capacidad de atraer más recursos de la sociedad y más gente”.
Homero Aridjis, presidente de la asociación ecologista Grupo de los Cien, reconoce las contradicciones que giran en torno a los financiamientos. “Si es necesario el apoyo. Nosotros, por ejemplo, lo necesitamos“, reconoce. “Pero siempre existe el riesgo de que se pretenda de esa manera utilizar a los grupos para avalar las decisiones oficiales. Esa es una práctica común, que se observó durante la polémica ambiental que antecedió a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y se intentó usar en la pasada reunión de la Comisión Ballenera Internacional”.
Rendir cuentas
Las soluciones, sin embargo, no son fáciles. “Una manera de evitar lo anterior”, prosigue Aridjis, “consiste en otorgar los apoyos con absoluta transparencia, es decir, que las instituciones y organismos donantes lo hagan público, indicando el tipo de proyectos que respaldan y, por su parte, que los grupos favorecidos rindan cuentas acerca de la manera como emplearon los donativos. Algo similar a lo que ocurre con las becas”.
En ningún caso, sin embargo, se trata de una postura común entre los distintos grupos ecologistas. Otros organismos, como Greenpeace, prefieren de plano no saber nada de los donativos provenientes de partidos políticos, empresas, instituciones o dependencias gubernamentales, ya que uno de sus planteamientos básicos es la autonomía. Obtienen sus recursos a través de la venta de botones, abrecartas y otros artículos, así como mediante una recaudación anual de fondos en la que, a título individual, diversas personas aportan una colaboración de 300 nuevos pesos a 100.000.
En 1990 se publicó Una breve crónica del ecologismo en México, elaborada por Gabriel Quadri, quien tras dedicarse algún tiempo a labores ambientalistas y de investigación académica, trabajaba en el Departamento del Distrito Federal. Quadri refiere que en los años setenta se dieron los primeros brotes activistas a favor del ambiente. Sin embargo, ubica el origen del ecologismo mexicano, como tal, entre 1983 y 1984, cuando ocurren tres hechos en el D.F: se inicia la lucha contra el fraccionamiento de los Jardines de la Montaña; se organizan manifestaciones contra el reparto agrario en el Desierto de los Leones y se conforma la Red Alternativa de Eco-Comunicación.
No obstante, muy pronto resultaría evidente la existencia de una gran variedad de tendencias, entre las cuales destacaba la integrada por la Federación Conservacionista Mexicana, “de clara factura empresarial” y caracterizada por su “insensibilidad social y política”.
Señala Quadril que en 1986, “la mayor receptividad de la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Econología (Sedue) y del DDF aglutinó y organizó las acciones de los grupos ecologistas y los encauzó –quizá excesivamente- dentro de ámbitos institucionales, como Coplade en el DDF y múltiples canales en la Sedue”. Por otro lado, hacia 1988 “las restricciones económicas llegarían a extremos críticos, afectando a muchos individuos clave para el Pacto de Grupos Ecologistas (conformado apenas dos años atrás), lo que limitaría la energía y los recursos puestos en movimiento.
Una posible solución que de seguro levantaría suspicacias. Hasta la fecha, algunos grupos casi fantasmas gozan sospechosamente de cabal salud. Otros solo se pronuncian cuando se trata de respaldar proyectos oficiales. Pero la mayoría de ellos está pidiendo a gritos apoyos que no pretendan condicionar su posición independiente.
Participación Ciudadana
La próxima Asamblea de Representantes del D.F. estará conformada por 38 priístas, 15 panistas, 11 perredistas y dos miembros del Partido del Trabajo. Si tales fracciones deciden llevar a la práctica lo postulado por sus partidos durante la contienda electoral, el PRI trabajará “para que la [la política ambiental] sea cada vez más participativa, eficiente y justa”. Sobre todo cuidará que la aplicación y la evaluación de dicha política sea “un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana”. Asimismo, promoverá en las decisiones del Gobierno la participación de todos los sectores sociales, organismos no gubernamentales, la comunidad científica, los industriales y las organizaciones vecinales.
El partido blanquiazul hará hasta lo indecible por “fomentar la creación de grupos de interés público que ayuden a general información, realicen investigaciones, eduquen al público y organicen a los ciudadanos para que ejerzan presión sobre la autoridad, a fin de que se abandonen las políticas destructivas para el medio ambiente”.
Por su parte, el PRD no cejará en su empeño hasta lograr que “los gobiernos municipales, en coordinación con las organizaciones sociales y civiles, te3ngan una responsabilidad fundamental en el cumplimiento de los planes reguladores y de uso del suelo y participen en la regulación de las reservas y de uso del suelo urbano”:
Todo lo anterior, por supuesto, en caso de concretarse lo dicho. Porque también cantarle al electorado aquella estrofa de Chava Flores “..palabras no son obras. Ahora tú me sobras y yo te falto a ti”.
[Publicado en El País el 17 de septiembre de 1994.]